Javier Treviño Cantú

LEGITIMIDAD, COMUNICACION Y
POLITICA EXTERIOR

Javier Treviño Cantú*


En la era de la información y ante una creciente cantidad de Estados y actores no gubernamentales, la legitimidad, eficiencia y credibilidad de las instituciones nacionales son determinantes. Al volverse difusa la distinción entre los ámbitos local, nacional e internacional, la política exterior adquiere cada vez mayor importancia como instrumento clave para fortalecer la soberanía, promover nuestros intereses y superar los retos transnacionales que caracterizan al dinámico entorno contemporáneo.


La globalización está modificando las condiciones para que los países cumplan sus funciones esenciales y alcancen sus objetivos. Por ello, en un mundo tan complejo, paradójico e incierto como el que prevalece al inicio del nuevo milenio, es indispensable comprender plenamente los cambios que están ocurriendo, prever hacia dónde se orientan y anticipar su impacto en nuestro país.

Ante un escenario en el que las únicas constantes parecen ser la profundidad y velocidad de los cambios en prácticamente todos los espacios del quehacer humano, debemos pensar en nuevas estrategias de política exterior para contar con la mayor cantidad posible de opciones.

En este contexto, la política exterior debe constituirse en una herramienta determinante para que México fortalezca su soberanía, impulse un desarrollo sustentable, promueva eficazmente sus intereses económicos y comerciales, apoye y proteja los derechos de los mexicanos que radican más allá de sus fronteras, enriquezca su cultura y manifestaciones artísticas y supere los desafíos que comparte con la comunidad de naciones.

Sólo la cooperación permitirá establecer un orden internacional verdaderamente nuevo, enfocado a abatir la pobreza extrema, fomentar el desarrollo equilibrado de la humanidad, combatir el crimen organizado, prevenir y solucionar conflictos armados, evitar genocidios, proteger el medio ambiente, frenar el nuevo intervencionismo e impedir acciones unilaterales por parte de las potencias dominantes.

Los procesos de integración global y regional que iniciaron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que se han acelerado en la última década, están cambiando profundamente la naturaleza de los Estados. Mientras se reunifican comunidades que fueron separadas por la historia, como Alemania, y surgen entidades supranacionales como la Unión Europea, la fragmentación, por el proceso de descolonización y la desintegración pacífica o violenta de países como Checoslovaquia o Yugoslavia, ha resultado en un mundo que pasó de 74 Estados en 1946 a más de 190 en la actualidad.

A su vez, el concepto tradicional de soberanía evoluciona al volverse difusa la distinción entre los ámbitos local, interno y externo. La globalización, la interdependencia y los procesos de fragmentación recrudecen nacionalismos, aislacionismos y fundamentalismos de todo tipo. La naturaleza histórica del Estado-nación absolutamente soberano se transforma, al cambiar la capacidad para llevar a cabo sus tareas características, incluyendo el mantenimiento de la seguridad y el orden jurídico, el impulso de la prosperidad económica y la preservación de la cohesión social y la identidad cultural dentro de su territorio.

En parte, ello se debe al crecimiento exponencial de nuevos actores. Actualmente, tan sólo en el sistema de Naciones Unidas están registradas más de 20 mil organizaciones no gubernamentales, que participan en sus trabajos mediante diversas modalidades y con distintos estatus legales. Estas y muchas otras ONGs que se desempeñan en áreas que incluyen las finanzas, el comercio, la protección de los derechos humanos, el medio ambiente, la lucha a favor de la libertad de prensa o en contra de la corrupción, disponen cada vez de mayores medios y recursos para actuar al margen de mecanismos de control estatales e internacionales.

Así, corporaciones multinacionales, instituciones financieras privadas, comunidades virtuales, grupos que reivindican derechos humanos, ambientales, étnicos o religiosos y organizaciones criminales transnacionales ocupan espacios de poder o buscan ejercer facultades que hasta hace poco eran exclusivas de los Estados e instituciones multilaterales.

En la era de la globalización, los gobiernos deben determinar sus políticas económicas tomando en cuenta las percepciones y decisiones de miles de empresas, inversionistas y analistas con capacidad de movilizar diariamente capitales superiores a los $150 mil millones de dólares, en el ciberespacio, a través de 200 mil pantallas y terminales electrónicas. De igual forma, actores intra-nacionales, como los gobiernos provinciales, adquieren mayor influencia al establecer contactos directos con el exterior y tomar decisiones, por ejemplo, en materia de deuda, que afectan no sólo a sus propios países, sino a todo el mundo.

Por su parte, los terroristas, las mafias, las triadas y los cárteles expanden sus operaciones, amenazando la estabilidad y seguridad de los Estados, pero, sobre todo, la salud de millones de personas. Su capacidad para aprovechar la globalización es tal, que obtienen ganancias calculadas por diversos organismos en un billón y medio de dólares al año.

Por si lo anterior no fuera suficiente, la revolución en las tecnologías de la comunicación nos ha puesto frente al reto que presenta la llamada “era de la información”. Junto a los avances en los transportes, la televisión, los satélites, la digitalización e Internet han producido una auténtica explosión en las comunicaciones, generando una de las paradojas distintivas de nuestro tiempo: a más información, menos calidad de la misma y, sobre todo, mucho menos tiempo y capacidad de analizarla para distinguir lo serio, útil y relevante de lo que no lo es.

En particular, esta revolución informativa ha consolidado a los medios de comunicación globales como actores que influyen decisivamente en el sistema internacional. Ahora, los acontecimientos mundiales se viven en “tiempo real”, ya que los medios cuentan con la capacidad para transmitirlos desde y hacia cualquier lugar en el momento mismo en que ocurren. Eso les confiere un nuevo poder, al grado que algunos de ellos pretenden determinar lo que constituye una “noticia” y, con ello, dictar no sólo los términos de la agenda informativa, sino de la verdadera agenda mundial. Tal influencia puede, y debe, ser contrarrestada por los países mediante estándares y políticas de comunicación que promuevan la difusión, a través de los mismos medios, de información confiable, consistente, atractiva y oportuna.

A pesar de todas estas transformaciones, los Estados seguirán siendo la institución básica y el actor clave del sistema internacional, ya que son los únicos que tienen la legitimidad, la autoridad y los medios para ejercer el monopolio de la fuerza, equilibrar las distorsiones que generan los mercados, garantizar la seguridad de los ciudadanos y determinar el destino de sus impuestos.

La Unión Europea es prácticamente el único caso de una institución supranacional que asume algunas funciones soberanas de los Estados que la conforman, en áreas tan determinantes como la política monetaria. Sin embargo, no los ha sustituido, ni pretende hacerlo. Por el contrario, la UE evoluciona gracias a las decisiones soberanas de países que, desde hace casi cincuenta años, decidieron institucionalizar sus vínculos para que las guerras que caracterizaron la historia del continente durante siglos se volvieran la excepción y no la norma.

No obstante, es indudable que las condiciones para que los Estados cumplan sus funciones cambian constantemente. Más de facto que de jure, el orden bipolar de la Guerra Fría ha sido reemplazado por el régimen de la globalización y un “desorden mundial” que está reconfigurando el sistema internacional, al modificarse la naturaleza y distribución del poder al interior de los Estados, entre ellos y en las relaciones con una multiplicidad de actores no gubernamentales.

Así, el predominio militar de Estados Unidos propicia un nuevo intervencionismo, el cual intenta resolver conflictos internos en los países con base en el supuesto de que amenazan la seguridad de todo el planeta. El poderío económico, la riqueza y el conocimiento se concentran fundamentalmente en Estados Unidos, Europa y Japón, mientras que en la mayor parte del orbe se agravan la sobrepoblación, la inequidad social, la pobreza extrema, epidemias y el deterioro del medio ambiente. Simultáneamente, cada vez más actores distintos de los Estados rebasan fronteras y, en ocasiones, aprovechan espacios de poder imprecisos para anteponer sus agendas particulares.

De esta forma, iniciamos el siglo XXI inmersos en un proceso de cambio sin instituciones ni normas internacionales eficientes para superar viejos y nuevos desafíos. Ello nos exige contar con estrategias de política exterior flexibles e innovadoras, con capacidad de adaptarse al cambio continuo y orientadas fundamentalmente a fortalecer la soberanía nacional proyectando eficazmente la legitimidad del Estado mexicano. Los avances de nuestro sistema político deben ser la base para que se reconozca a México como una democracia capaz de conciliar y atender con eficiencia las diversas demandas de toda su población; como un país donde imperen el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

La soberanía se fortalecerá al aprovechar la reforma estructural de nuestra economía, impulsar reformas adicionales que nos permitan ser más competitivos y concretar la diversificación de nuestras relaciones económicas y comerciales con América Latina, Europa y Asia. Así contaremos con reglas claras que nos den acceso a más mercados para nuestras exportaciones, a mecanismos confiables para solucionar en forma equitativa cualquier controversia comercial y atraer inversiones productivas. De esta forma, podremos fomentar una cooperación constructiva que complemente las acciones impulsadas para alcanzar un mayor desarrollo, sobre todo en los espacios clave que inciden directamente en el bienestar de la gente, como la educación, la salud, las nuevas tecnologías de la alimentación, la protección del medio ambiente y la prevención de desastres naturales.

La nueva dimensión de la soberanía hace indispensable reconocer la creciente influencia de los actores no gubernamentales. Es inaplazable la definición de lineamientos nacionales y multilaterales que permitan regular las relaciones con ellos y aclarar sus derechos y obligaciones conforme al Derecho Internacional. Así se podrán sumar sus capacidades a las de la comunidad de naciones para avanzar, juntos, en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, en el combate a la corrupción y el crimen organizado.

La soberanía se verá fortalecida al contribuir a la definición de reglas para normar la gran cantidad de asuntos pendientes que genera la globalización, como el comercio electrónico, mediante nuestra participación en organismos como la Cumbre Iberoamericana, el Grupo de Río, la OMC, OCDE y APEC. En particular, la soberanía y el prestigio de la política exterior de México se verán fortalecidos al contribuir a la renovación del Derecho Internacional y la reforma del sistema de Naciones Unidas y demás organismos multilaterales, para asegurar que el desarrollo sustentable de la humanidad se base en una cooperación que parta de reglas claras, justas y equitativas.

En el marco de la era de la información, donde la comunicación se ha convertido en una condición de fondo, y no únicamente de forma, para competir en el terreno de las ideas y las percepciones, la soberanía se fortalecerá proyectando eficazmente, a través de los medios de comunicación globales, los avances que alcancemos a nivel político, económico, social y cultural. Sólo difundiendo con veracidad y oportunidad cada uno de nuestros logros, el dinamismo de la sociedad mexicana y la riqueza de nuestra cultura se tendrá cada vez mayor credibilidad y una mejor imagen en el exterior.

Los mexicanos no podemos ser pasivos ante cambios de tal dimensión que incluso auguran el advenimiento de una era “post-humana”. A pesar de su gran turbulencia y velocidad, estos procesos no son inexorables o incontrolables. Depende de nosotros, de México y de la comunidad de naciones aprovecharlos en beneficio de las generaciones futuras.

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*Javier Treviño Cantú es Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y se ha desempeñado como Subsecretario de Relaciones Exteriores.