Javier Treviño Cantú

REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO:
ESCENARIOS PARA MÉXICO EN EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XXI
JAVIER TREVIÑO CANTÚ
18 de octubre de 1999

Introducción

La agenda de México para el primer cuarto del siglo XXI, vinculada a la de un mundo que vive una profunda transición, se expresa en dos grandes propósitos: un país en el que la justicia social es viable porque ha superado las condiciones más adversas de la pobreza; y una república plenamente democrática.

Nuestra responsabilidad es realizar un análisis de las perspectivas y, sobre todo, de los riesgos que enfrentaremos durante los próximos 25 años. Debemos llegar a pensar lo impensable; considerar al 2000 como un punto de inflexión. No se pretende aquí presentar recomendaciones o propuestas. El único propósito es el de provocar la reflexión.

Los adelantos del conocimiento, la era de la información y el avance de los procesos de globalización, regionalización y fragmentación reconfiguran la naturaleza y la distribución del poder entre los Estados y actores no gubernamentales, modificando las reglas para la competencia y la cooperación.

La economía y la política mundiales se caracterizan por la transformación constante de los procesos productivos, la creciente integración de los mercados, la inestabilidad financiera y por desafíos transnacionales como sobrepoblación, pobreza extrema, degradación ambiental, escasez de recursos, deterioro de los valores familiares, expansión del crimen organizado y consumo de drogas.

Estos fenómenos se producen en un marco de incertidumbre e inestabilidad, ante la creciente asimetría en los niveles de desarrollo, bienestar y conocimiento que existe entre la comunidad de naciones y al interior de los Estados, así como por la falta de normas e instituciones que garanticen el orden internacional.

En este contexto, los temas de la agenda global coinciden cada vez más con las agendas internas de los Estados. Para adaptarse con éxito a este escenario e impulsar el bienestar de su gente, países como México deberán consolidar sistemas democráticos, de economía de mercado, pero con una intervención decidida y muy activa del Estado para promover la justicia social. Nuestro país deberá hacer valer el orden jurídico, impulsar el desarrollo sustentable, proteger los derechos humanos e integrarse a los procesos de cambio.

Panorama nacional

Al igual que el mundo, México pasa por una etapa de transición donde se replantean las bases estructurales y las reglas formales e informales de la agenda política, económica, social y cultural. Esto genera inestabilidad e incertidumbre, afecta las condiciones de gobernabilidad y plantea constantemente nuevos desafíos para garantizar el Estado de Derecho, profundizar la democracia, impulsar el desarrollo económico y social y conducir una política exterior eficaz.

Superar estos desafíos dependerá de la capacidad de las próximas administraciones para trabajar con base en un proyecto de nación a partir del cual se promuevan políticas consistentes, sustentadas en metas, estrategias y acciones de corto, mediano y largo plazos, para avanzar por etapas en cada uno de los temas de la agenda durante los períodos de gobierno correspondientes a los años 2000-2025.

El proyecto de nación para el próximo siglo debe definirse por consenso entre el gobierno, los partidos políticos y los sectores privado y social, que tendrán que sumar sus capacidades y recursos para alcanzar las metas que sean propuestas. En la medida que se establezcan consensos y acuerdos, se podrá dar continuidad a las políticas que han funcionado hasta ahora y realizar los cambios que se requieran con responsabilidad, sentido y dirección.

A corto plazo (2000-2006), la prioridad debe ser garantizar la gobernabilidad del país fundamentalmente por tres vías: elevar las tasas de crecimiento económico en forma sostenida a fin de canalizar mayores recursos a la política social; reformar el marco legal y constitucional que permita dar certidumbre a la sociedad; y establecer los acuerdos que permitan recuperar la capacidad de control y ejercicio de la autoridad para hacer valer el orden jurídico. De esta forma, se podrán promover políticas y reformas para superar las debilidades estructurales de las instituciones y consolidar progresivamente su credibilidad, legitimidad, eficiencia y representatividad social.

A mediano plazo (2006-2018), las prioridades serán continuar con la reforma y consolidación del marco legal y constitucional; concluir la reforma económica y del Estado; impulsar un desarrollo equitativo y sustentable; y fortalecer la cohesión social y cultural del país. Con ello, entre el mediano y largo plazos (2017-2025) se tendrían las bases para pensar que el siglo XXI es, verdaderamente, el siglo de México.

Panorama de la agenda nacional

Población y sociedad. La sociedad mexicana experimenta una transformación acelerada y desigual, que profundiza las diferencias regionales y sociales. Mientras algunos estados, comunidades y grupos de ingreso alto y medio-alto mejoran su nivel de vida y modifican sus patrones culturales por su acceso al conocimiento, la tecnología y los procesos de integración de México con el mundo, la mayor parte de la población que percibe un ingreso bajo y medio-bajo subsiste en la pobreza y la marginación. Esta inequidad socava la unidad social y cultural del país y podría provocar movimientos secesionistas en algunos estados, especialmente de las zonas fronterizas.

El crecimiento demográfico exige elevar la calidad de vida de una población que alcanzará más de 130 millones de habitantes en el año 2025, y demanda revertir la crisis ambiental ante la contaminación y la explotación excesiva de los recursos naturales.

Estado de Derecho. El marco legal es confuso, incompleto e ineficiente, se aplica con laxitud y discrecionalidad y es violado sistemáticamente a todos niveles. Las instituciones encargadas de la procuración de justicia y del mantenimiento de la seguridad pública no tienen la capacidad de cumplir plenamente sus funciones, ante la corrupción endémica, la falta de profesionalismo de las autoridades judiciales y la reestructuración actual por la que atraviesan.

En consecuencia, se enfrentan graves problemas para hacer valer el Estado de Derecho, acabar con la impunidad y combatir la corrupción. El gobierno ha dejado de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza, como lo demuestran los estados de excepción de facto en Chiapas y Ciudad Universitaria, las zonas urbanas dominadas por la delincuencia o el crimen organizado y las regiones controladas por el narcotráfico o la guerrilla.

La seguridad pública se ha deteriorado gravemente, como lo reflejan los altos índices de criminalidad, la creciente militarización y privatización de la seguridad y el aumento de los mecanismos de autoprotección ciudadana. Tampoco existen las condiciones para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad, la actividad productiva, la inversión y el crédito, salvaguardar las libertades y los derechos humanos o proteger el medio ambiente.

La inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad inciden en todos los temas de la agenda, socavando los valores cívicos y comunitarios indispensables para la convivencia social y para que la gente se organice, impulse propósitos comunes y tenga confianza en las instituciones.

Sistema político. Las reformas para fortalecer la democracia y el federalismo registran avances, pero generan vacíos de poder y desequilibrios en el ejercicio de la autoridad, al darse en forma aislada y no como parte de una reforma integral del Estado.

La auto-acotación del Ejecutivo Federal ha hecho que deje de ser el fiel de la balanza en la política nacional, y la falta de una cultura parlamentaria en el Poder Legislativo provoca ineficiencias y rezagos en la actividad legislativa, por lo que surgen tensiones entre ambos Poderes. La plurifuncionalidad y rotación constante de altos funcionarios en dependencias clave del gobierno federal, sumadas a la gran cantidad de gobernadores que no concluyen sus períodos constitucionales, así como al corto período de gestión de los presidentes municipales, impiden llevar a cabo programas y proyectos de gobierno consistentes, generando incertidumbre, inestabilidad e ineficiencia en la administración pública.

Por su parte, las autoridades y grupos de poder locales se fortalecen y actúan con mayor independencia, lo que genera nuevas oportunidades para que los estados y municipios impulsen directamente su desarrollo, pero provoca conflictos entre éstos y la Federación conforme aumentan sus exigencias y demandas de autonomía.

Estos factores disminuyen la capacidad de los órganos de gobierno para cumplir sus funciones, a la vez que adquieren mayor relevancia las personalidades y los grupos políticos agrupados en torno a éstas, más que a ideologías o proyectos. Paralelamente, los partidos políticos se debilitan ante sus divisiones internas, las luchas entre sus principales figuras, la falta de confiabilidad y representatividad ante la ciudadanía, la trivialización del debate político y el predominio de la imagen sobre las propuestas.

La crisis institucional se extiende al IFE, ante sus conflictos internos y las censuras de algunos partidos, a los medios de comunicación, que registran bajos índices de credibilidad, y a todo el sistema corporativo afiliado al Estado.

Economía. La política económica ha permitido mantener la estabilidad y el crecimiento a partir de 1996. Sin embargo, la economía se ve afectada por la centralización en la toma de decisiones del sector público, las debilidades estructurales de las finanzas gubernamentales y del sistema financiero, las indefiniciones en materia de desregulación y privatización de áreas como la petroquímica secundaria o la electricidad, la carencia de infraestructura productiva, comercial, de servicios y comunicaciones, el crecimiento de la economía informal y la inseguridad pública y legal.

A su vez, la excesiva dependencia respecto de EU y la perspectiva de que se desacelere su crecimiento económico, la vulnerabilidad económica de México ante la inestabilidad financiera mundial o los acontecimientos políticos internos, la incertidumbre sobre la política económica de la próxima administración y la falta de acuerdos entre el gobierno y el Congreso para impulsar reformas indispensables generan desconfianza y provocan una parálisis del crédito y la inversión productiva.

Sector externo. Nuestro país ha avanzado en su integración con el exterior, como lo refleja el crecimiento de las exportaciones, la inversión extranjera y los programas de cooperación internacional. Sin embargo, su capacidad de acción en el mundo y su imagen se han visto afectadas por los acontecimientos políticos y económicos de 1994 y sus secuelas, así como por la falta de un proyecto de largo plazo y de una estrategia integral de comunicación internacional.

Al igual que la mayoría de los países, México debe adaptarse a las condiciones de un sistema internacional en constante transformación y carente de instituciones efectivas y justas, en el que prevalecen algunas naciones con capacidad de imponer su agenda o valores políticos, económicos y culturales, particularmente EUA. La amplia, compleja y conflictiva relación bilateral con ese país es estratégica para México, por la creciente vinculación derivada del TLC y por coincidir con algunos de los temas más importantes de nuestra política interna y de la agenda global, como comercio, migración, medio ambiente y narcotráfico.

Variables

La evolución de los principales asuntos de la agenda nacional podrá evaluarse con base en variables e indicadores como los siguientes:

Población y sociedad. Crecimiento poblacional, empleo, ingreso, alimentación, salubridad, salud, escolaridad, vivienda, disponibilidad de servicios básicos, acceso a los adelantos científicos y tecnológicos, integración familiar, asimilación de los patrones culturales del exterior preservando los valores propios, consumo de drogas y movimientos migratorios regionales y hacia EUA. Con relación al medio ambiente, se deben considerar aspectos como desertificación, conservación de bosques, selvas, fauna y flora, disponibilidad y aprovechamiento de recursos naturales y energéticos, especialmente agua, electricidad y petróleo.

Estado de Derecho. Reformas a la Constitución y las leyes, y adecuación del marco legal a los nuevos parámetros internacionales en áreas como supervisión financiera, protección de los derechos humanos y preservación ambiental. Niveles de eficiencia de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y mantenimiento del orden público, de confianza y credibilidad ciudadana en las mismas y del combate a la corrupción, la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Evolución del conflicto en Chiapas y de los movimientos guerrilleros en otros estados.

Sistema político. Reforma del Estado, fortalecimiento del federalismo, redefinición formal de facultades y equilibrios entre los Poderes de gobierno, normatividad y confiabilidad de los procesos electorales, reelección de legisladores y funcionarios a todos los niveles, credibilidad y confianza en organismos electorales e instituciones públicas, privadas y sociales, adopción de algunas formas de democracia directa, así como de mecanismos para que las autoridades rindan cuentas y la sociedad tenga mayor participación en las decisiones de gobierno.

Economía. Crecimiento del PIB sectorial y nacional, finanzas públicas, inflación, tipo de cambio, tasas de interés, reservas internacionales, inversión nacional y extranjera, ahorro, sistema financiero, economía informal, balanza comercial y deuda externa. También se deberán tomar en cuenta la descentralización del proceso de toma de decisiones económicas, mediante el fortalecimiento de la independencia de instituciones como el Banco de México, la evolución de los procesos de regulación, privatización y creación de infraestructura, las políticas de apoyo a los sectores productivos y las reformas fiscal, presupuestal, financiera, laboral y del sistema de pensiones.

Sector externo. Relación bilateral con EU y diversificación de las relaciones internacionales a partir de acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales en materia comercial, financiera, política, educativa, cultural, técnica y científica. Además, se deben considerar la imagen de México en el mundo, los niveles de comercio, inversión extranjera y turismo, la participación en los organismos multilaterales y la capacidad para establecer relaciones constructivas con actores no gubernamentales.

A nivel económico, se deberá incluir el desempeño de las economías de EUA, la Unión Europea, Japón, China y los mercados emergentes, el impacto de la innovación científica y tecnológica en la producción y la dotación de servicios, la evolución de los procesos de globalización y regionalización, los precios internacionales de las materias primas y los energéticos y la definición de normas para regular el comercio y los flujos de capital.

En materia política, se deberán considerar las reformas al sistema internacional, los procesos de integración y fragmentación global y regional, la solución de conflictos armados intra-nacionales e internacionales, el rumbo de las relaciones entre EUA y la Unión Europea y el papel que asuman potencias regionales, como China, y actores no gubernamentales, como las ONGs y los medios de comunicación de alcance global.

Escenarios

En términos generales, se plantean cuatro escenarios para el período 2000-2025 con base en el desarrollo de las variables e indicadores considerados. Aunque podrían presentarse uno o más escenarios intermedios, con avances y retrocesos parciales en los distintos indicadores, se debe tomar en cuenta que las variables son complementarias, por lo que cada una de ellas afectará a las demás.

1. Estancamiento y dispersión social. El proceso electoral deriva en un administración sin capacidad de alcanzar los acuerdos necesarios para cumplir las funciones de gobierno.

El marco legal permanece sin cambios de fondo y las instituciones judiciales son rebasadas por la corrupción, la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Se da una solución militar al conflicto en Chiapas, se radicalizan los grupos guerrilleros, cárteles de narcotraficantes, organizaciones de sectores urbanos marginados y movimientos populares extremistas. El panorama se agravaría si estos grupos establecen alianzas entre ellos.

Los conflictos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo paralizan al gobierno federal, el IFE y los institutos electorales estatales se debilitan ante la falta de credibilidad en las normas para regular las elecciones y el resurgimiento de conflictos poselectorales, se profundizan las diferencias y divisiones entre los partidos, se fortalecen las figuras políticas con posiciones populistas o radicales y los grupos de poder locales acrecientan sus demandas de autonomía e, incluso, de secesión en algunos estados.

Se colapsa el sistema bancario y la economía entra en una crisis que estanca el crecimiento y produce la devaluación de la moneda, el cierre de empresas, la pérdida de empleos y la caída del poder adquisitivo. Aumentan las desigualdades regionales y sociales, la pobreza extrema, la marginación y los flujos migratorios hacia los estados más prósperos del país y EUA, a la vez que se profundizan las crisis ambiental, de recursos y de energía.

No se concretan los acuerdos con la UE o Japón, se deteriora la imagen de México, se reduce su capacidad de acción internacional y aumentan las presiones de EU, organismos multilaterales y actores no gubernamentales para influir en la política económica y mantener la gobernabilidad del país. Este escenario se agravaría en caso de una desaceleración de la economía mundial, una recesión en EU y los países industrializados, la caída de los precios internacionales del petróleo y las materias primas y de que persistieran la volatilidad financiera y las condiciones de “desorden” mundial.

Las consecuencias de este escenario podrían ser la ingobernabilidad, el rompimiento del orden constitucional, la pérdida de la cohesión social y la suspensión de las garantías individuales. México vería afectado el ejercicio de su soberanía y autodeterminación, aumentarían las posibilidades del cierre de la frontera norte o, incluso, de una intervención unilateral o multilateral dirigida por EUA, con lo que se perdería la capacidad de negociación frente a ese país y sería percibido en el mundo como una nación en proceso de desintegración, supeditada a los intereses y valores estadounidenses.

2. Mantenimiento del status quo. El país cae en una parálisis general ante la incapacidad para alcanzar acuerdos que den continuidad a las políticas seguidas a partir de la década de los ochenta o de impulsar un proyecto de nación alternativo. Así, se presentan más retrocesos que avances en las variables, como resultado de políticas públicas aisladas que no contarían con el respaldo pleno del aparato burocrático ni de la población, provocando una crisis de gobernabilidad.

Persiste la ineficacia del marco legal y de las autoridades judiciales, con lo que se recrudecen la delincuencia, la inseguridad pública y jurídica, el crimen organizado, el narcotráfico y las violaciones a los derechos humanos, al tiempo que se estanca el conflicto en Chiapas y se expanden los movimientos armados en otros estados. Esto propicia el fortalecimiento del autoritarismo, la militarización de la seguridad y el aumento de los mecanismos de autoprotección ciudadana, lo que podría derivar en el surgimiento de guardias blancas, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte en todo el país.

No se avanza en la reforma política, el Gobierno Federal no ejerce plenamente la autoridad y persisten los conflictos entre los Poderes de la Unión. Se fortalecen los grupos de poder locales, que alcanzarían mayores consensos sobre la necesidad de separarse del pacto federal y buscarían el apoyo de otros países, organismos internacionales o actores no gubernamentales.

La falta de consenso en torno a la política económica da como resultado la pérdida de confianza de los inversionistas, provoca fuga de capitales y desincentiva la inversión. De esta forma, se frena el crecimiento y se pierde la estabilidad financiera. Se acentúan las desigualdades regionales y sociales, la pobreza extrema, la marginación, la desintegración familiar y comunitaria, el consumo de drogas, los movimientos migratorios, la crisis ambiental, la escasez de agua y el déficit de energéticos.

No se logran diversificar las relaciones del país ni impulsar con éxito sus intereses en el mundo, se deterioran su imagen y su capacidad de acción a nivel externo y aumentan las presiones de EUA para imponer sus condiciones. Se agrava la volatilidad e incertidumbre en el sistema internacional, ante las constantes crisis financieras y la falta de acuerdos entre los países para superar los desafíos transnacionales por medio de la cooperación.

El desenlace sería similar al anterior, pero con efectos aún más graves, ya que se gestaría progresivamente, al acumularse el desgaste de las instituciones, las tensiones y los agravios sociales. Un escenario de esta naturaleza revertiría los avances democráticos y económicos, provocando una ingobernabilidad y anarquía que podrían derivar en el rompimiento del pacto federal y en una intervención extranjera dirigida por EUA.

3. Avance institucional. Se alcanzan acuerdos de gobernabilidad con los distintos sectores, con lo que entre el corto y el mediano plazo se impulsan políticas y reformas que cuentan con mayores apoyos entre la sociedad.

El combate a la delincuencia, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico es asumido como una prioridad de seguridad nacional a la que se destinan mayores recursos. Se impulsan reformas a la Constitución y los ordenamientos legales y se concluye la reestructuración del Poder Judicial, fortaleciendo las bases que permiten hacer valer el Estado de Derecho y mantener la seguridad pública. Se reanudan las negociaciones de paz en Chiapas e inician contactos con otros grupos armados.

La reforma del Estado redistribuye las facultades de los Poderes federales y las autoridades locales, a la vez que establece mecanismos para que el gobierno rinda cuentas y disponga de canales institucionales de comunicación y concertación con la sociedad. Se garantiza la alternancia pacífica en el poder a todos los niveles y se perfecciona la legislación electoral para regular con eficiencia el financiamiento de los partidos y el papel de los medios en las campañas políticas.

Se actualiza la rectoría del Estado para garantizar el interés público y se fortalece su participación en la economía para promover la justicia social. El sector privado se consolida como motor del crecimiento económico. Se impulsan reformas en materia fiscal, presupuestal, financiera, laboral y del sistema de pensiones. Se avanza en la reforma estructural, se incrementa el gasto en infraestructura, se vigoriza el federalismo hacendario y se desconcentra la toma de decisiones económicas del sector público.

Se fortalecen las políticas de desarrollo social y protección ambiental, con mecanismos que aseguran la utilización eficiente de los recursos públicos, incluyen la participación del sector privado y de las instituciones sociales, así como de la cooperación internacional.

Se lleva a cabo una reforma educativa que amplía la enseñanza y eleva su calidad, conjugando recursos públicos y privados, para generar oportunidades y elevar la competitividad del país. Se impulsa la capacitación laboral, el acceso y aprovechamiento de los adelantos de la ciencia y la tecnología y los programas educativos afianzan los valores de respeto a la ley, democracia, protección de derechos humanos y cuidado del medio ambiente.

Las políticas seguidas mejoran progresivamente la imagen de México y su capacidad de acción en el ámbito internacional, con lo que conduce una política exterior que fortalece su soberanía, promueve sus intereses en el mundo, impulsa la cooperación internacional y proyecta con mayor eficacia sus logros y expresiones culturales.

Los mecanismos de comunicación y cooperación con EU funcionan con más eficiencia, se concreta la diversificación de las relaciones con otras regiones y países, como la UE y Japón, y se participa activamente en los organismos y foros internacionales en un contexto de mayor estabilidad, como resultado de avances en la consolidación de normas e instituciones internacionales más eficientes y equitativas.

En este escenario se contaría con bases más firmes para asegurar la gobernabilidad, hacer valer el Estado de Derecho, profundizar la democracia y el federalismo, alcanzar el desarrollo sustentable, preservar la cohesión social y cultural, replantear la agenda bilateral y los términos de la cooperación con EUA y adquirir mayor presencia en el sistema internacional.

4. Consolidación institucional. Entre el mediano y largo plazos, a mitad del primer cuarto del siglo XXI, se habría logrado el fortalecimiento institucional, así como importantes avances políticos, económicos y sociales bajo un marco constitucional y normativo seguro y que funda la certidumbre y la confianza.

Se hace valer plenamente el Estado de Derecho, con base en un marco legal eficiente y práctico, en un Poder Judicial confiable y legítimo con capacidad de garantizar el orden jurídico, y en una cultura de respeto a la ley, las libertades y los derechos humanos.

Se alcanza una democracia madura, inclusiva y participativa. Se garantizan procesos electorales equitativos, elecciones confiables, la alternancia del poder, pesos y contrapesos efectivos entre los tres poderes de gobierno, y existen mecanismos institucionales para que las autoridades rindan cuentas a la sociedad y para la participación social en las decisiones de gobierno.

Existen condiciones favorables para la actividad económica y la inversión privada, bajo un marco regulatorio estricto que genera condiciones para elevar la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. La economía es productiva y competitiva, y tiene bases firmes que garantizan la estabilidad, el crecimiento sostenido, la creación de empleos suficientes y la elevación del poder adquisitivo.

Se cuenta con un Estado fuerte, con capacidad para enfrentar y aliviar las desigualdades y desequilibrios provocados por el mercado, a través de políticas sociales que aprovechan con eficiencia, transparencia y en forma descentralizada los recursos públicos, y con un federalismo renovado que promueve el desarrollo regional equilibrado y contribuye a preservar la cohesión social e identidad nacional.

Las reformas permiten alcanzar un entendimiento verdaderamente nuevo con EUA y consolidan a México como un actor soberano y distintivo del sistema internacional, integrado en condiciones favorables a la economía global y con vínculos institucionales de cooperación con otros países y organismos regionales y multilaterales.

Conclusiones

La prioridad debe ser evitar el primer escenario o caer en la falsa opción que representa el segundo. Para ello, es necesario impulsar políticas, acciones y reformas con visión de mediano y largo plazos, que permitan crear círculos virtuosos para alcanzar progresivamente el tercer escenario y consolidar el cuarto para el año 2025. Fundamentalmente, se deberá avanzar en las tres variables determinantes que inciden en todas las demás: crecimiento económico sostenido, justicia social y aplicación efectiva del Estado de Derecho.

Lograr estos objetivos dependerá de la capacidad de las instituciones para comprender el sentido de los cambios que experimentan el mundo y México, adaptarse a ellos para aprovechar sus oportunidades y consolidar bases cada vez más sólidas que permitan superar sus desafíos.

Para ello, es necesario definir los lineamientos generales del proyecto de nación y el contrato social que México requiere para los próximos años a través de mayores consensos, acuerdos y compromisos entre el gobierno y los distintos sectores involucrados en cada tema de la agenda.

A partir de estos acuerdos, se podrá consolidar la confiabilidad, legitimidad y eficiencia de las instituciones para atender las necesidades y demandas de la población e impulsar el desarrollo sustentable y equilibrado del país.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y HEMEROGRAFICAS


· Michael J. Mazzar, Global Trends 2005: The Challenges of a New Millenium, Center for
Strategic and International Studies, 1997.
· Ricardo Carrillo Arronte, La política económica de Estado en México, Examen, 99, enero
de 1998.
· Thomas Carothers, The Rule of Law Revival, Foreign Affairs, marzo/abril, 1998.
· Steven David, Saving America from the Coming Civil Wars, Foreign Affairs, enero/febrero,
1999.
· Delal Baer, Mexico´s Coming Backlash, Foreign Affairs, julio/agosto, 1999.
· OECD, The World in 2020, 1997.
· The Economist, The Road to 2050, A Survey of the New Geopolitics, 31 de julio de 1999.
· World Economic Forum, Reporte Anual, 1999.
· PNUD, Reporte Anual, 1999.
· Reforma, Alerta OCDE sobre rezagos, 27 de agosto de 1999.
· Secretaría de Gobernación, Agenda para la Reforma del Estado, 15 de mayo de 1995.
· SEDESOL, Comparecencia ante el Senado de la República del secretario Carlos Jarque, 20
de septiembre de 1999.
· CONAPO, La Dimensión Poblacional en la Planeación Estatal, 18 de mayo de 1998.
· CONAPO, Programa Nacional de Población 1995-2000.
· Presidencia, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
· BANAMEX, México Social 1996-1998, 1998.
· Eduardo Guerrero, Inestabilidad y crimen en el nuevo régimen, Nexos, octubre de 1999.
· Peter Sloterdijk, Patria y Globalización, Nexos, octubre de 1999.
· René Villarreal, Crisis de Visión y Proyecto de Nación: México 2020, Siempre!, 9 de junio
de 1999.
· René Villarreal, La Globalización: ¿Ideología o Realidad?, Siempre!, 16 de junio de 1999.
· Héctor Aguilar Camín, Sufragio efectivo: sí reelección, La Jornada, 26 de julio de 1999.
· Héctor Aguilar Camín, Gobernación y gobernabilidad, La Jornada, 20 de septiembre de
1999.
· Milenio, Los pendientes que dejará Zedillo, 23 de agosto de 1999.
· El Financiero, Zedillo: un lustro de claroscuros, 28 de agosto de 1999.